Las pensiones serán un 5% más bajas tras la reforma, calcula el Banco de España

07/07/2011 10:49:12

El Banco de España estima que la reforma de las pensiones tendrá un efecto contenido en la cuantía de las prestaciones que cobrarán los futuros jubilados y, también, en el retraso de la edad efectiva del retiro. Así se recoge en el informe anual de la entidad, un documento que refleja otros pareceres sobre las reformas y los ajustes españoles. Algunas de esas opiniones, referidas a la forma de embridar el gasto autonómico o a la política fiscal, avivaron ayer las discrepancias entre el Gobierno y la institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Al analizar la reforma de las pensiones, ahora en tramitación parlamentaria, el informe del Banco de España hace una aproximación al impacto de los dos principales cambios: la ampliación del período de cómputo para fijar la cuantía de las prestaciones, que pasará progresivamente de los 15 a los 25 últimos años de la vida laboral, y el aumento de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años.

La cuantía. El Banco de España simula lo que ocurriría si a los trabajadores que se jubilaron en 2008 se les hubiera aplicado el nuevo sistema cuanto esté vigente por completo (2027). Según los resultados, la pensión media resulta un 4,7% inferior para esos jubilados.



La edad. El Banco de España considera que la edad efectiva de jubilación, ahora de 63 años, aumentará en 1,1 años con la ampliación de la edad legal a los 67. La reforma permitirá seguir jubilándose a los 65 a quienes tengan carreras largas de cotización (al menos 38 años y seis meses).

El informe del Banco de España, presentado por su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sostiene que hay margen para una nueva subida del IVA y remarca que los tipos de gravamen, incluso después del incremento de 2010, siguen por debajo de la media de los países de la OCDE. La entidad plantea incrementar el IVA en la hipótesis de que lleguen a ser necesarias nuevas políticas de consolidación fiscal. El punto de vista del supervisor llega después de que la pasada semana la Comisión Europea pidiera a España que procurara reducir las cotizaciones sociales que las empresas pagan por sus trabajadores y que compensara esa reducción de los ingresos en las arcas públicas con un aumento del IVA o de la fiscalidad de la energía. El Gobierno, que ya había rechazado la sugerencia europea por su impacto en el consumo, enfatizó ayer esa posición: «Para que quede claro, no subiremos el IVA», dijo la ministra de Economía, Elena Salgado.

Salgado también se mostró incómoda con los planteamientos del Banco de España sobre las cuentas autonómicas. Fernández Ordóñez defiende aplicar por ley un techo de gasto a las comunidades autónomas y endurecer la disciplina presupuestaria, sancionando a las regiones incumplidoras. La Ministra replicó señalando que «son las comunidades las que deben decidir» si establecen un límite de gasto, porque la Constitución reconoce la «autonomía financiera» de los territorios.