UGT afirma que los recortes en sanidad generan alarma social y tienen escaso margen de ahorro

14/11/2011 09:56:12

El sindicato UGT ha señalado que medidas como la supresión de los pañales que se facilitaba de forma gratuita a las personas discapacitadas implican un "escaso margen de ahorro" al Govern, pero sin embargo "crean alarma social por aplicarse a un colectivo desfavorecido que normalmente ya sufre cargas económicas debido a sus especiales circunstancias". En un comunicado, el sindicato ha lamentado que, mientras el proyecto de Presupuestos 2012 incluye como una de sus propuestas mejorar la atención a los menores, se suprima el menú que se ofrecía de forma gratuita a los padres de los niños ingresados en los hospitales, "cuando el escaso valor económico del menú garantizaba la atención permanente de los padres durante las horas de la comida".

"La medida obedecía mas a razones asistenciales que económicas, se facilitaba el menú en los casos justificados en los que únicamente uno de los padres podía acompañarlo", han añadido al respecto.



Además de estas dos medidas de recorte en las prestaciones sanitarias, se suma ahora una "carga económica a los usuarios", mediante el pago de 10 euros por expedir o renovar la tarjeta sanitaria.

EL PAGO DE LA TARJETA SANITARIA



Si en la comunidad gallega la posibilidad de cobrar la renovación de la tarjeta sanitaria en caso de pérdida fue criticada desde las filas de la propia Xunta por la ex Ministra de Sanidad, Ana Pastor, el proyecto de Presupuestos de la CAIB "endurece la medida y convierte a Baleares en la única autonomía que cobrará a todos los usuarios" de la sanidad pública por expedir la tarjeta sanitaria, medida que "crea un agravio comparativo" con el resto de CCAA en las que continua siendo gratuita, han opinado desde UGT.



La falta de datos concretos en cuanto a la nueva medida recaudatoria, plantea "muchos interrogantes entre el personal y los usuarios de la sanidad pública" que la UGT considera que el Govern debería despejar, como la posibilidad de que finalmente el coste real de la implantación de la tarjeta inteligente y el soporte informático necesario para su funcionamiento supere los 5 millones de euros que el Govern espera recaudar con la medida si se delega en una empresa privada para gestionarla.



Por otra parte, si como apuntan las declaraciones públicas realizadas desde la Conselleria del ramo, la tarjeta incluye una foto, esto supondrá para los usuarios un incremento del precio anunciado de 10 euros, lo que puede representar un perjuicio para los colectivos más desfavorecidos, como parados sin ingresos o jubilados, al no regular la aplicación de tramos o la exención de pago en casos específicos.



En cualquier caso, para el sindicato esta medida es una forma de "copago" encubierta que generará una carga de trabajo adicional para el personal del Ib-Salud, la contratación de personal específico para encargarse de la tramitación y expedición de la tarjeta, o la contratación de alguna empresa privada que obtendría beneficios económicos a costa de los usuarios de la sanidad pública.