El portavoz de asuntos sociales de Nafarroa Bai en el Parlamento de Navarra, Ioseba Eceolaza, aseguró hoy que en una comunidad como la Navarra "se podría hacer mucho más por la dependencia", y calificó como "peligrosas" y "excesivamente autocomplacientes" las declaraciones de la consejera de Asuntos Sociales, María Isabel García Malo, en las que afirmaba que el Gobierno de Navarra "ya ha garantizado" la aplicación plena de la Ley de Dependencia y su financiación.
En un comunicado, Eceolaza manifestó que tratar de transmitir una situación idílica en las políticas que se están aplicando en dependencia y promoción de la autonomía, es "un error de bulto", y recordó que "precisamente este año hemos tenido ejemplos de una mala política hacia la tercera edad".
"La ampliación de la residencia de ancianos de Lumbier se ha abierto con 5 años de retraso, ha habido huelgas de trabajadoras en Cortes y Tudela, y las de Lodosa transmitieron sus quejas laborales a la comisión de Asuntos Sociales. Además, los familiares de residentes en las Residencias de San Martín de Unx y Carcastillo repartieron por escrito todas las quejas que tenían sobre la gestión privada de esos centros, todo este tipo de hecho debe hacernos reflexionar, sin catastrofismo pero sin complacencia", insistió.
A su juicio, la propia aplicación de la Ley de Dependencia se podía haber hecho de una manera "más ambiciosa", manteniendo el SAD, por ejemplo, "como un servicio para todas las personas con dificultad de autovalimiento y no sólo para personas dependientes como decidió el Gobierno de Navarra".
Para Eceolaza, hablar de una situación idílica en la dependencia y la promoción de la autonomía es "obviar por ejemplo las condiciones del empleo en este sector", ya que según explicó, en general, la tasa de temporalidad es alta, "a unos niveles claramente superiores a los del conjunto del mercado laboral, sobre todo en algunos espacios de intervención como las residencias de ancianos y la asistencia a domicilio, donde el 60 por ciento de contratos son temporales".
"Se han buscado los modelos de gestión más baratos, que no más eficientes, sin que se haya tenido en consideración los efectos que esto podía tener en la calidad del empleo creado y como consecuencia en la calidad del servicio. Por lo tanto, la precariedad del empleo tiene un origen político, y ese origen es entre otros el modelo social de UPN", concluyó.
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